Cádiz

¿Cómo se organizan las políticas migratorias en España?

La gobernanza en materia de migración en España tiene varios niveles. El nivel nacional tiene competencias en materia de inmigración, emigración, el estatus de las personas extranjeras y el derecho de asilo.

No obstante, las regiones y las ciudades influyen en las políticas de inclusión y en la acogida de inmigrantes, pues deciden, por ejemplo, sobre el acceso a la vivienda pública, la formación vocacional y la asistencia sanitaria. Las ciudades son responsables de registrar a todos y todas sus residentes, independientemente de su estado administrativo. Este registro permite el acceso a servicios esenciales, como la sanidad, la educación y otros procedimientos administrativos. La inmigración es también un tema de gran relevancia en la política municipal.

La mezcla de competencias nacionales y regionales hace que el sistema de asilo español sea altamente disfuncional. La planificación y la reglamentación están fuertemente centralizadas, mientras que las ONG, las organizaciones benéficas y las autoridades locales se encargan implementar las políticas sin estructuras de coordinación. Esto es especialmente evidente en Barcelona y Madrid, dos puntos de acogida importantes para quienes buscan protección internacional.

¿Cuál es el trasfondo histórico?

Como antigua potencia colonial, España tiene una larga historia de emigración. A finales de la década de 1990 e inicios de los 2000, el auge económico la convirtió en un país de inmigración. La población nacida en el extranjero pasó del 1 % en los años 90 al 12,2 % en 2010. Aun así, España no se convirtió en un verdadero destino para las personas refugiadas hasta la crisis de 2015, pasando de 5947 solicitudes en 2014 a 118 264 en 2019. La mayoría de las personas que buscan protección internacional provienen de Venezuela, Colombia y Honduras.

España aprobó su primera ley de asilo en 1980 y su primera ley de extranjería en 1985, en el marco de su adhesión a la UE en 1986. Sin embargo, por aquel entonces la inmigración era baja. En los años 90, mientras España se convertía en un destino más atractivo para las personas migrantes internacionales, se introdujeron novedades legislativas más importantes. En 1994, una nueva ley de asilo hizo más difícil el reconocimiento de la condición de persona refugiada en España. Con el comienzo del nuevo milenio, el país aprobó una segunda ley de extranjería, que buscaba regular el acceso al mercado laboral y otorgar servicios sociales, de salud educación a todas las personas extranjeras residentes en el país. Sin embargo, la diferenciación entre personas migrantes con o sin situación administrativa regular conllevó limitaciones en los derechos políticos y sociales de determinados grupos. En 2003, otra ley de extranjería aumentó la obligatoriedad del visado y amplió la capacidad de detener a migrantes sin papeles. La ley más reciente, de 2009, busca organizar los flujos migratorios de forma que se ajusten a las necesidades del mercado laboral. Ese mismo año, el Gobierno redactó la tercera ley de asilo. Esta ley tiene criterios menos estrictos para otorgar la protección internacional que la anterior, pero su implementación es un desafío debido a la ambigüedad de sus directrices.

¿Cuáles son los principales cambios de los últimos años?

La recesión económica tuvo un gran impacto en el bienestar general de las personas migrantes residentes en el país, especialmente para aquellas en una situación «irregular». En 2012, el Gobierno conservador excluyó a las personas migrantes con una situación administrativa irregular del acceso a la asistencia sanitaria. En 2018, el nuevo Gobierno socialista volvió a eliminar esta restricción. Además, las nuevas leyes de nacionalidad exigían que las personas que no hablaban español como lengua materna pasaran un examen de idioma y que todas las personas solicitantes pasaran un examen de historia.

Finalmente, entre 2018 y 2019, el partido de extrema derecha Vox se convirtió en un candidato destacado a las elecciones y llegó a formar parte de varios Gobiernos regionales y a obtener 52 (de 350) escaños en el Congreso de los Diputados. Su discurso en contra de las personas inmigrantes sigue influenciando los debates sobre la migración en España.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

El movimiento de ciudades solidarias de España surgió para denunciar las deficiencias del sistema de asilo español y solicitar que las ciudades tengan competencias en la acogida de personas refugiadas, en lugar del Gobierno nacional, además de más recursos. En 2015 y 2016, las organizaciones de base y la ciudadanía de centros urbanos de todo el país se sumaron a las manifestaciones para presionar al Gobierno nacional en este sentido. En distintas ciudades y pueblos se crearon redes de voluntariado para acoger a las personas refugiadas, mientras que los alcaldes y alcaldesas de las ciudades españolas crearon la Red de Ciudades Refugio de España. Esta red solicita continuamente más competencias y financiación a nivel municipal, pues es a este nivel donde se cubren la mayoría de las necesidades básicas de las personas refugiadas, como el alojamiento, la formación, los cursos de idiomas, etc.