Centro de Servicios para la Integración y la Democracia

**¿Cómo se organiza la política migratoria en Bélgica?**

La estructura del Estado belga es especialmente compleja. Las políticas de inmigración se desarrollan principalmente a nivel federal, bajo la autoridad política de una Secretaría de Estado de Asilo y Migración. El Servicio Federal de Asuntos Internos, a través de la Oficina de Inmigración, es el responsable de la expedición de visados y permisos de residencia. Por su parte, un comisario general independiente para personas refugiadas y apátridas decide sobre las solicitudes de protección internacional (estatuto de persona refugiada y de protección subsidiaria). El 1 de julio de 2014, la autoridad sobre la política de inmigración en el ámbito laboral se transfirió del Gobierno federal a la región de Bruselas-Capital, la región de Flandes y la región de Valonia. Por último, las tres comunidades de Bélgica (las de habla flamenca, francesa y alemana) son responsables de las políticas de inclusión.

**¿Cuál es el trasfondo histórico?**

La política de extranjería liberal del siglo XIX (leyes de extranjería de 1835 y 1897) se revocó cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Un decreto ley sobre la policía de extranjería promulgado en 1939 dio al ejecutivo el control total sobre la presencia de personas extranjeras en territorio belga.

La Ley de Policía de Extranjería del 28 de marzo de 1952 fue la primera ley integral sobre inmigración de Bélgica. Esta tenía como objetivo principal proteger al Estado belga contra las personas extranjeras, consideradas indeseables. Solo en una segunda fase se ofreció a una serie de «personas extranjeras especiales» (por ejemplo, las que acudían a trabajar) cierta protección contra la arbitrariedad del ejecutivo. Sin embargo, la crisis del petróleo condujo a un enfoque restrictivo respecto a la inmigración por motivos laborales a partir de 1974. 

La actual legislación belga sobre inmigración se basa en la Ley de Extranjería del 15 de diciembre de 1980 y se ha vuelto muy compleja e inaccesible. Numerosas enmiendas en los últimos 40 años limitan sobre todo las formas más humanitarias de inmigración (asilo y reagrupación familiar) y los derechos procesales de las personas migrantes.

**¿Cuáles son los principales cambios de los últimos años?**

La migración ha ocupado un lugar importante y a la vez sensible en la política belga. Tanto es así que a finales de 2018 la aprobación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, un instrumento internacional no vinculante, provocó la disolución del Gobierno nacional.

De 2014 a 2018, una coalición de centro-derecha adoptó numerosas medidas que restringían los derechos de las personas migrantes, centrándose sobre todo en las solicitudes de asilo, 
la migración familiar y la migración irregular. Entre otras cosas, la coalición redujo los plazos para recurrir para las personas solicitantes de asilo detenidas. Asimismo, intensificó la lucha contra las relaciones «falsas», complementando la legislación pertinente con normas sobre aseveraciones de paternidad falsas.

Para aumentar la eficacia de la repatriación, el Gobierno adoptó varias medidas sobre la detención de inmigrantes. En 2017, por ejemplo, adoptó un «plan maestro» para aumentar las plazas disponibles en los centros cerrados. Además, en agosto de 2018, Bélgica comenzó a detener a familias con menores en «unidades familiares» construidas recientemente en un centro cerrado cerca del aeropuerto de Bruselas, una medida que fue suspendida por el Consejo de Estado.

Tras los atentados terroristas de París y Bruselas, se modificaron varias disposiciones de la Ley de Extranjería para salvaguardar el orden público y la seguridad nacional. Por ejemplo, se abolió la disposición que impedía la deportación de las personas nacidas en Bélgica o que se habían trasladado a Bélgica antes de los 12 años de edad.

Además, se introdujo la integración como condición de residencia: la Oficina de Inmigración puede poner fin a ciertos derechos de residencia si no se puede demostrar dicha integración.

Una de las prioridades del acuerdo de coalición federal de 2020, a diferencia de la anterior legislatura, es la elaboración de una nueva Ley de Migración que sustituya a la opaca Ley de Extranjería de 1980. En el proceso de consulta participan las partes interesadas y personas expertas. El nuevo Gobierno federal reconoce explícitamente la importancia del Pacto Mundial para la Migración y, además, afirma que se abstendrá de detener a menores en centros cerrados. La actual política de repatriación de Bélgica pretende ser «humana y firme». Por un lado, pone un nuevo énfasis en la información, la orientación y el asesoramiento a las personas migrantes. Por otro, siguen aumentando las repatriaciones forzosas y la capacidad del sistema de detención de migrantes.

El acuerdo de coalición del Gobierno flamenco de 2019 prevé hacer más estrictos los cursos de integración: además de imponer una tasa mínima de 360 euros, se pretende aumentar los requisitos lingüísticos.

**¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?**

La sociedad civil ha intervenido en contra de medidas que restringen los derechos de las personas migrantes mediante campañas, presión política y litigios estratégicos. Los tribunales han resultado ser la forma más exitosa de influir en la política migratoria, aunque estos no hayan admitido todas las denuncias.

La campaña «No se detiene a los niños. Punto» contra la detención de menores migrantes también ha recibido un gran respaldo.

La presión de la sociedad civil y de las ciudades llevó a la acogida de 18 menores no acompañados de las islas griegas de Lesbos y Samos en agosto de 2020, y de 11 menores no acompañados en diciembre de 2020 después del incendio en el campamento de Moria. Sin embargo, estas cifras no llegan a satisfacer las necesidades reales.

Las personas migrantes «irregulares » están abogando por un procedimiento más indulgente para la legalización a través de diversos medios, como una carta abierta a la ciudadanía belga en el sitio web «We are Belgium too» («También somos Bélgica»), la ocupación de una iglesia y de edificios universitarios, así como una huelga de hambre que actualmente sigue en curso.


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