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Sobre la ciudad

Halle

Activismo antirracista de éxito a pesar de la presión política

Puntos clave

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    En Halle, proyectos antirracistas de la sociedad civil han logrado organizarse aun en circunstancias difíciles, ya que la cantidad de actos de violencia racista en Sajonia-Anhalt se ha ido incrementando de manera alarmante.

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    La ciudad es un buen ejemplo de cómo las estructuras de acogida de la sociedad civil creadas durante el llamado «verano de la migración» de 2015 mantienen su posición como actores destacados. Estas instituciones siguen realizando una labor solidaria duradera a nivel local.

¿Qué tiene de particular la ciudad?

Activismo antirracista continuado: a pesar de las condiciones difíciles y la fuerte presión por parte de la derecha, la escena antirracista local lleva más de dos décadas trabajando para mejorar las vidas de las personas refugiadas a nivel municipal y regional. La red de iniciativas de acogida no solo ha tenido impacto a nivel local, sino que ha presionado a Halle para que exija mejoras al Gobierno estatal. La ciudad ha adoptado medidas progresistas que han mejorado el acceso de las personas refugiadas a la vivienda individual.

¿En qué se centran las políticas migratorias locales?

Una labor solidaria, local y duradera: los movimientos locales se han centrado tanto en la lucha contra las políticas migratorias inhumanas como en construir estructuras locales alternativas en vista de la inacción municipal. Las protestas contra las deportaciones desde el aeropuerto de Leipzig-Halle y por la abolición del sistema paternalista de vales para las personas refugiadas, así como el centro de acogida gestionado por la ciudadanía, son ejemplos destacados de esta labor de la sociedad civil de base amplia y con una puesta en práctica muy potente.

¿Cuáles son los resultados más destacados hasta ahora?

Un café donde se encuentran las personas recién llegadas y el resto de la ciudadanía: mantener la cultura de acogida de 2015 en un ambiente comparativamente hostil es, en sí mismo, un resultado notable de los esfuerzos continuados del activismo en Halle. Entre los múltiples proyectos destaca el llamado «WELCOME-Treff». Cuando la Administración de Halle se negó a abrir el centro de integración propuesto por el concejo municipal, una iniciativa ciudadana tomó las riendas y abrió un café de encuentro para personas refugiadas y locales. El centro, que hoy en día se ha convertido en un conocido punto de encuentro, ofrece un amplio abanico de servicios de apoyo, como ayuda para aprender y hablar alemán, rellenar formularios para las autoridades y solicitar empleo.

Labor política más allá del plano local

Ya meses antes de que surgiera el movimiento Seebrücke (Puente Marítimo) en el verano de 2018, grupos de activistas, instituciones, individuos y empleados y empleadas de la Administración municipal ya se habían aunado para conformar una iniciativa. Gracias a su incansable activismo, el concejo municipal decidió que Halle se uniería a la coalición de Städte Sicherer Häfen (Ciudades de Puertos Seguros) y firmaría la Declaración de Potsdam.

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El informe de la ciudad contiene más información sobre las políticas de migración e inclusión de la ciudad y una selección de los enfoques locales. Informe de 2021, actualizado en 2023.

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Contexto político - Alemania

Organización política

La responsabilidad en materia de nacionalización, inmigración y acogida de personas refugiadas recae, por norma general, en el Gobierno federal. La Oficina Federal de Migración y Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, se encarga de tramitar las solicitudes de asilo. Por su parte, las embajadas (que pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores) deciden sobre las solicitudes de inmigración por motivos de trabajo, reagrupación familiar y estudios. En materia de política de asilo, los estados federados están obligados a aplicar leyes federales como la Ley de Prestaciones a las Personas Solicitantes de Asilo. Aun así, tienen cierto margen de maniobra para hacerlo, lo que puede dar lugar a tratamientos muy diferentes de las personas entre los 16 estados. Estos pueden, por ejemplo, conceder permisos de residencia humanitarios a través de comisiones para casos extremos, decidir la suspensión temporal de la deportación o incluso ofrecer a grupos enteros la posibilidad de quedarse en el país. Por regla general, los estados federados delegan la toma de decisiones sobre casos individuales a las autoridades de extranjería locales, que tienen un gran margen de maniobra a la hora de evaluar los llamados obstáculos a la deportación o bien conceder o prolongar permisos de residencia.

¿Cuál es el trasfondo histórico?

La idea de que Alemania «no es un país de inmigración» ha marcado el debate político durante décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, esta autoimagen ha chocado cada vez más con la realidad. Ya a finales de la década de 1950, el Gobierno federal comenzó a traer la llamada «mano de obra invitada» (es decir, trabajadores y trabajadoras migrantes) del sur de Europa para cubrir la escasez de mano de obra en las florecientes industrias del país. En contra de los planes políticos, millones de estos trabajadores y trabajadoras permanecieron en el país incluso después de la suspensión de la contratación en 1973, pero no recibieron prácticamente ninguna ayuda para la integración. Estas personas siguen moldeando la sociedad alemana hoy en día, pero sufren discriminación, por ejemplo, en cuanto al derecho al voto o en el mercado laboral. Tras el colapso del bloque oriental, el número de solicitantes de asilo procedentes de Europa del Este aumentó considerablemente, con lo que, en 1992, el Bundestag aprobó restricciones profundas al derecho de asilo que fomentaron un ambiente de pogromo en algunas partes de Alemania.

Los principales cambios de los últimos años

El llamado «verano de la migración» de 2015 marcó un punto de inflexión en varios aspectos. Gracias a la presión del movimiento de personas refugiadas, Alemania permitió la llegada de cerca de un millón de personas. El enorme compromiso de la sociedad civil en el proceso de acogida, que se dio a conocer bajo el lema de «Willkommenskultur» («cultura de bienvenida»), ayudó a muchas personas refugiadas a integrarse social y económicamente más rápido que generaciones anteriores. La clase política creó una infraestructura de integración con importantes recursos para apoyar a las personas refugiadas en el aprendizaje del idioma, la educación y el acceso al mercado laboral. Sin embargo, ya en 2016, el ánimo cambió y desde la política se quiso, sobre todo, garantizar que 2015 no se repitiera; desde entonces, numerosas leyes han endurecido la política de asilo. Entre las medidas más controvertidas está el intento de establecer un tope a las nuevas admisiones de personas refugiadas, por año, lo cual sería incompatible con la Constitución alemana. En su lugar, la coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas decidió, en 2018, establecer un «corredor» no vinculante de 180 000 a 220 000 admisiones al año. Sin embargo, desde entonces las fronteras exteriores de la UE se han cerrado considerablemente, lo que ha llevado a Alemania a acoger muchas menos personas en los últimos años. Paralelamente, la economía alemana sufre desde hace casi diez años una escasez de mano de obra, agravada por una baja tasa de natalidad y un periodo de fuerte crecimiento económico. En 2020 entró en vigor la Ley de Inmigración de Mano de Obra Cualificada, que permite, de forma muy limitada, la inmigración de mano de obra extracomunitaria.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

Gracias a la presión de las organizaciones de inmigrantes, en el año 2000 , el Gobierno federal conformado por el SPD y los Verdes reformó la Ley de Ciudadanía vigente. Desde entonces, un niño o niña nacidos en Alemania de padres extranjeros recibe automáticamente la ciudadanía alemana bajo ciertas condiciones, además de la ciudadanía de sus padres. Unos diez años después, las organizaciones de personas refugiadas lograron conseguir mejoras significativas en la Ley de Asilo tras años de campañas y, como resultado, se derogaron o suavizaron parcialmente las cláusulas abusivas y lesivas del llamado «Compromiso de Asilo» de 1993, entre ellas la distribución de prestaciones en especie (como paquetes de alimentos) en lugar de dinero en efectivo en los albergues de asilo y la prohibición de trabajar. Sin embargo, algunas de estas mejoras fueron anuladas en 2016. Entre los logros de la campaña progresista se encuentra también el cambio de rumbo del Gobierno alemán respecto al Convenio de Dublín, que perjudica principalmente a los Estados situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Mientras que, durante mucho tiempo, Alemania fue de los países que más apoyaron esta disposición, desde 2014 el Gobierno alemán está a favor de una fórmula de distribución europea. A nivel de la sociedad civil, también han surgido numerosas iniciativas: desde alianzas locales de acogida hasta grandes ONG dedicadas al rescate marítimo.