Marsella

¿Cómo se organiza la política migratoria en Francia?

La política migratoria francesa se coordina de forma centralizada. En concreto, por la Dirección General de Extranjería en Francia, que coopera con el Ministerio del Interior en materia de inmigración, asilo, inclusión y derecho a la nacionalidad. Aunque la normativa se establece de forma centralizada, la cooperación con los territorios locales se ha intensificado desde 2015 en respuesta a la llamada «crisis migratoria».

¿Cuál es el trasfondo histórico?

La política migratoria francesa se ha visto influenciada históricamente por su pasado colonial. Una ley de 1899 garantizaba originalmente la nacionalidad francesa a todas las personas extranjeras nacidas en Francia que hubieran alcanzado la mayoría de edad. Esta ley se derogó en 1993 con lo que la concesión de la nacionalidad dejó de ser automática.

En 1945 se introdujo la tarjeta de residencia, que facilitó la reagrupación familiar y las «vías de integración» a partir de la década de 1950. En 1956 se desarrollaron políticas relacionadas con la migración económica, dirigidas en particular a la mano de obra extranjera y su acceso a la vivienda. Entre 1981 y 1985, el Gobierno de Mitterrand permitió la regularización de 130 000 personas extranjeras «irregulares», atenuando algunas de las medidas anteriores. Ahora bien, las llamadas «leyes de Pasqua» de mediados de la década de 1980 volvieron a limitar las condiciones de acceso y a fomentar las expulsiones. En 1990, el primer ministro Rocard declaró lo siguiente: «[...] creo que no podemos albergar toda la miseria del mundo, que Francia debe seguir siendo lo que es, una tierra de asilo político [...], pero nada más». Desde los años 2000, la política francesa se ha alineado con la europea, limitando las condiciones de acceso a la inmigración.

El derecho de asilo francés, un valor fundamental de las constituciones de 1946 y 1958, se ha adaptado sucesivamente al paquete de asilo europeo de 2009.

Según el Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE, Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos), en 2018 había 6,5 millones de inmigrantes en Francia, mientras que la cifra de personas francesas «de origen extranjero» ascendía a 7,7 millones.

El número de solicitantes de asilo en Francia aumentó constantemente de 2008 a 2019, con una disminución en 2020. En 2019, se presentaron 132 614 solicitudes (incluidas las de menores no acompañados y las repetidas) a la Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA, Oficina Francesa de Protección de Personas Refugiadas y Apátridas), un aumento del 7,3 % en comparación con 2018. 36 512 personas recibieron protección en Francia en 2019 frente a las 33 330 de 2018, lo que supone un aumento del 9,5 %.

¿Cuáles son los principales cambios de los últimos años?

Francia suspendió el Acuerdo de Schengen y reintrodujo los controles fronterizos con Italia ya en la Primavera Árabe de 2011. Durante la crisis de 2015, el país desmanteló la Jungla de Calais y creó los Centros de Acogida y Orientación (CAO), con unas 12 000 plazas para personas migrantes. Estas estructuras o bien pertenecen al Estado o son alquiladas por este y están destinadas a acoger temporalmente a los migrantes, durante un máximo de tres meses, y «hacerles reflexionar sobre su proyecto migratorio». En 2015, el Gobierno de Hollande reintrodujo los controles fronterizos tras los atentados terroristas de París.

En sintonía con el enfoque de la UE, en los últimos cinco años se han logrado una serie de cambios significativos en la política francesa de migración y asilo. En primer lugar, se reforzaron los controles fronterizos y se instauraron servicios para examinar las solicitudes de asilo fuera del territorio francés. En segundo lugar, se documentaron casos de deportación de menores no acompañados, y violaciones recurrentes, si no sistemáticas, de los derechos fundamentales, incluidas las detenciones de facto. En tercer lugar, muchas personas solicitantes de asilo se han quedado sin alojamiento y los campamentos de las grandes ciudades o del norte de Francia (por ejemplo, Calais o Grande Synthe) se desmantelan regularmente. La capacidad de acogida también es limitada. Solo se aloja a cerca del 51 % de las personas solicitantes de asilo que pueden optar a condiciones materiales de acogida. Además, un elevado número de personas asiladas abandonan los centros de acogida sin llegar a encontrar otra vivienda. Durante el primer semestre de 2020, solo 1755 personas salieron del sistema de acogida con un alojamiento posterior, muchas se quedan después sin hogar o viven en asentamientos informales.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

En septiembre de 2015, el ministro del Interior Cazeneuve envió una carta a los alcaldes y alcaldesas de Francia invitándolos a una reunión para «implementar las propuestas de acogida en las mejores condiciones», dirigiendo así un proceso de descentralización de la acogida.

A nivel nacional

El 18 de diciembre de 2020 se publicó un plan nacional de acogida de solicitantes de asilo e integración de personas refugiadas para 2021-2023 en el que se prevé la posibilidad de adaptar la política de acogida a nuevos contextos migratorios y a las particularidades regionales, lo que incluye una mejor redistribución de las personas solicitantes de asilo en todo el territorio nacional.

A nivel de la sociedad civil, se han desarrollado redes de colaboración que se oponen a las políticas estatales de no acogida y que, en su lugar, pretenden desarrollar propuestas alternativas en diálogo con los municipios.

En 2018 se iniciaron los Estados Generales de la Migración: «Los Estados Generales de la Migración son un proyecto en el que cientos de colectivos y asociaciones locales o nacionales presentes participan sobre el terreno junto con personas extranjeras. Estos actores trabajan juntos en todo el territorio francés y organizan actos públicos para denunciar las políticas actuales y proponer cambios radicales en las políticas migratorias».

Sans Papiers (Sin Papeles) ha organizado diferentes marchas, entre las cuales destaca la marcha hacia el Palacio del Elíseo en octubre de 2020.

A nivel de autoridades locales

Creada en 2018 por nueve ciudades fundadoras, la Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA, Asociación Nacional de Ciudades y Territorios de Acogida) reúne a colectividades territoriales, grupos municipales y representantes electos y electas y cuenta actualmente con unos 50 miembros. La iniciativa apuesta por una política de acogida incondicional de las «personas exiliadas» y por la hospitalidad en el territorio francés. Una de las principales exigencias es el pleno acceso a los servicios y la igualdad de derechos para todas las personas residentes.