Rotemburgo

Organización política

La responsabilidad en materia de nacionalización, inmigración y acogida de personas refugiadas recae, por norma general, en el Gobierno federal. La Oficina Federal de Migración y Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, se encarga de tramitar las solicitudes de asilo. Por su parte, las embajadas (que pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores) deciden sobre las solicitudes de inmigración por motivos de trabajo, reagrupación familiar y estudios. En materia de política de asilo, los estados federados están obligados a aplicar leyes federales como la Ley de Prestaciones a las Personas Solicitantes de Asilo. Aun así, tienen cierto margen de maniobra para hacerlo, lo que puede dar lugar a tratamientos muy diferentes de las personas entre los 16 estados. Estos pueden, por ejemplo, conceder permisos de residencia humanitarios a través de comisiones para casos extremos, decidir la suspensión temporal de la deportación o incluso ofrecer a grupos enteros la posibilidad de quedarse en el país. Por regla general, los estados federados delegan la toma de decisiones sobre casos individuales a las autoridades de extranjería locales, que tienen un gran margen de maniobra a la hora de evaluar los llamados obstáculos a la deportación o bien conceder o prolongar permisos de residencia.

¿Cuál es el trasfondo histórico?

La idea de que Alemania «no es un país de inmigración» ha marcado el debate político durante décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, esta autoimagen ha chocado cada vez más con la realidad. Ya a finales de la década de 1950, el Gobierno federal comenzó a traer la llamada «mano de obra invitada» (es decir, trabajadores y trabajadoras migrantes) del sur de Europa para cubrir la escasez de mano de obra en las florecientes industrias del país. En contra de los planes políticos, millones de estos trabajadores y trabajadoras permanecieron en el país incluso después de la suspensión de la contratación en 1973, pero no recibieron prácticamente ninguna ayuda para la integración. Estas personas siguen moldeando la sociedad alemana hoy en día, pero sufren discriminación, por ejemplo, en cuanto al derecho al voto o en el mercado laboral. Tras el colapso del bloque oriental, el número de solicitantes de asilo procedentes de Europa del Este aumentó considerablemente, con lo que, en 1992, el Bundestag aprobó restricciones profundas al derecho de asilo que fomentaron un ambiente de pogromo en algunas partes de Alemania.

Los principales cambios de los últimos años

El llamado «verano de la migración» de 2015 marcó un punto de inflexión en varios aspectos. Gracias a la presión del movimiento de personas refugiadas, Alemania permitió la llegada de cerca de un millón de personas. El enorme compromiso de la sociedad civil en el proceso de acogida, que se dio a conocer bajo el lema de «Willkommenskultur» («cultura de bienvenida»), ayudó a muchas personas refugiadas a integrarse social y económicamente más rápido que generaciones anteriores. La clase política creó una infraestructura de integración con importantes recursos para apoyar a las personas refugiadas en el aprendizaje del idioma, la educación y el acceso al mercado laboral. Sin embargo, ya en 2016, el ánimo cambió y desde la política se quiso, sobre todo, garantizar que 2015 no se repitiera; desde entonces, numerosas leyes han endurecido la política de asilo. Entre las medidas más controvertidas está el intento de establecer un tope a las nuevas admisiones de personas refugiadas, por año, lo cual sería incompatible con la Constitución alemana. En su lugar, la coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas decidió, en 2018, establecer un «corredor» no vinculante de 180 000 a 220 000 admisiones al año. Sin embargo, desde entonces las fronteras exteriores de la UE se han cerrado considerablemente, lo que ha llevado a Alemania a acoger muchas menos personas en los últimos años. Paralelamente, la economía alemana sufre desde hace casi diez años una escasez de mano de obra, agravada por una baja tasa de natalidad y un periodo de fuerte crecimiento económico. En 2020 entró en vigor la Ley de Inmigración de Mano de Obra Cualificada, que permite, de forma muy limitada, la inmigración de mano de obra extracomunitaria.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

Gracias a la presión de las organizaciones de inmigrantes, en el año 2000 , el Gobierno federal conformado por el SPD y los Verdes reformó la Ley de Ciudadanía vigente. Desde entonces, un niño o niña nacidos en Alemania de padres extranjeros recibe automáticamente la ciudadanía alemana bajo ciertas condiciones, además de la ciudadanía de sus padres. Unos diez años después, las organizaciones de personas refugiadas lograron conseguir mejoras significativas en la Ley de Asilo tras años de campañas y, como resultado, se derogaron o suavizaron parcialmente las cláusulas abusivas y lesivas del llamado «Compromiso de Asilo» de 1993, entre ellas la distribución de prestaciones en especie (como paquetes de alimentos) en lugar de dinero en efectivo en los albergues de asilo y la prohibición de trabajar. Sin embargo, algunas de estas mejoras fueron anuladas en 2016. Entre los logros de la campaña progresista se encuentra también el cambio de rumbo del Gobierno alemán respecto al Convenio de Dublín, que perjudica principalmente a los Estados situados en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Mientras que, durante mucho tiempo, Alemania fue de los países que más apoyaron esta disposición, desde 2014 el Gobierno alemán está a favor de una fórmula de distribución europea. A nivel de la sociedad civil, también han surgido numerosas iniciativas: desde alianzas locales de acogida hasta grandes ONG dedicadas al rescate marítimo.