Bolonia

¿Cómo se organizan las políticas migratorias en Italia?

En Italia, tanto el fenómeno de la inmigración como las políticas de migración y asilo son relativamente recientes. De acuerdo con las políticas migratorias de la UE, la acogida a menudo está subordinada a los controles fronterizos y a la «lucha contra la migración irregular».

El llamado Decreto de Flujos define el número máximo de personas que pueden entrar en territorio italiano por motivos laborales. Sin embargo, en las últimas décadas, los canales regulares de inmigración se han cerrado y la migración «irregular» se ha visto cada vez más criminalizada.

Las políticas de asilo en Italia se han alineado progresivamente con las políticas de la UE hasta la introducción del llamado «enfoque de hotspots» en 2015.

En 2020, una nueva ley reformó el sistema de acogida, regresando, al menos en teoría, a un único sistema para solicitantes de asilo y personas beneficiarias de protección internacional o protección especial. No obstante, el sistema sigue estando destinado primordialmente a quienes gozan de protección internacional y a menores extranjeros no acompañados. Además, los municipios no disponen de suficientes capacidades para cubrir las necesidades de acogida de todas las personas con derecho a protección. Para ello, las autoridades locales pueden acceder a recursos del Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional para las Políticas y los Servicios de Asilo.

¿Cuál es el trasfondo histórico?

Después de ser predominantemente un país de emigrantes hasta la década de 1980, Italia empezó a convertirse gradualmente en un país de inmigración. A falta de leyes unificadas, la situación fue gestionada a lo largo de los años mediante intervenciones puntuales. En 1982 hubo un bloqueo completo de la inmigración por motivos laborales, que dio lugar a una dinámica de inmigración «irregular» compensada por la regularización periódica más o menos cada cuatro años.

En 1986, la ley Foschi promulgó la igualdad absoluta de derechos para las personas trabajadoras extranjeras, si bien no llegó a modificar las condiciones de entrada al país. En 1990, la ley Martelli amplió el derecho al asilo e introdujo, mediante una regulación cuantitativa, posibilidades legales de inmigración. La ley Turco-Napolitano de 1998 creó la tarjeta de residencia para proteger a aquellas personas que se encuentran en Italia desde hace ya largo tiempo; sin embargo, la ley da prioridad a la mano de obra procedente de países que colaboran en materia de repatriación. Para detener e identificar a las personas migrantes indocumentadas, se crearon los centros de detención y asistencia temporales (Centri di Permanenza Temporanea, CPT).

En 2002, la ley Bossi-Fini introdujo la llamada «política de flujos» e impuso estrictos requisitos de admisión: redujo la duración de los permisos de residencia, instauró la toma de huellas dactilares para todas las personas extranjeras y aumentó el tiempo de estadía en los CPT de 30 a 60 días. Al mismo tiempo, se regularizaron 650 000 permisos de residencia y, con la ampliación de la UE en 2007, se facilitó la estancia en Italia de más de un millón de personas procedentes de los países recién adheridos.

Entre 2008 y 2009 las normas se volvieron más duras: la inmigración ilegal se convirtió en un delito y las condiciones de integración se volvieron más estrictas.

En 2017, el Gobierno amplió la red de centros de detención mediante la ley Minniti-Orlando para aumentar las deportaciones. Ese mismo Gobierno firmó un nuevo memorando de cooperación con Libia para impedir el flujo de migrantes hacia Europa.

¿Cuáles son los principales cambios de los últimos años?

Con la introducción del enfoque de «enfoque de hotspots» en 2015, originalmente diseñado para promover la redistribución voluntaria entre los países de la UE, Italia rediseñó su sistema de «selección» en el momento de la llegada, el cual empezó a tomar como base el país de origen, con una marcada distinción entre «solicitantes de asilo potenciales» y «personas migrantes por motivos económicos» e indeseables.

Los decretos de migración y seguridad de Salvini cerraron los puertos a las ONG activas en el Mediterráneo y destinaron fondos a combatir a quienes facilitan la inmigración ilegal por medio de operaciones policiales encubiertas. Se eliminó la protección humanitaria, lo cual afectó a la mayoría de las personas beneficiarias de protección internacional, y, de esta manera, se impidió el registro de los y las solicitantes de asilo, con consecuencias significativas para su acceso a los servicios y para los requisitos de residencia. Esta medida fue derogada en 2020 por el Tribunal Constitucional.

Durante la pandemia por COVID-19, se crearon «barcos de cuarentena» para aislar a las personas migrantes antes de su entrada a Italia. Esta medida recordó inevitablemente a los «hotspots flotantes» que había imaginado en 2016 el entonces ministro del Interior, Angelino Alfano. Un decreto temporal del 19 de mayo de 2020 dispuso medidas de emergencia para acoger a los y las solicitantes de asilo en instalaciones dedicadas originalmente a personas beneficiarias de protección subsidiaria y a menores no acompañados.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

La Federación de Iglesias Evangélicas y el proyecto Mediterranean Home (Hogar Mediterráneo) han desarrollado un sistema de corredores humanitarios destinado a atender a los grupos de población vulnerables. En 2015 también se firmó la Charter of Palermo (Carta de Palermo) con el objetivo de «abordar la regulación de los flujos migratorios de una forma completamente nueva, proponiendo, por ejemplo, la abolición de los permisos de residencia y, en su lugar, la adopción radical de la ciudadanía como herramienta de inclusión y participación en la vida pública». El proceso de Palermo también sirve de base para la Palermo Charter Process Platform (Plataforma del Proceso de la Carta de Palermo), que reúne actores del rescate marítimo y activistas de toda Europa.