Swansea

¿Cómo se organizan las políticas migratorias en el Reino Unido?

Las políticas migratorias del Reino Unido son relativamente complejas porque involucran distintos niveles administrativos y se han desarrollado durante un periodo de tiempo relativamente largo. Aunque las políticas migratorias están centralizadas, las políticas de inclusión están descentralizadas. En virtud de la Localism Act (Ley de Localismo) de 2011, las autoridades locales y las Administraciones descentralizadas de Gales y Escocia establecen las directrices en materia de inclusión, mientras que el Gobierno central, específicamente el Ministerio del Interior, es responsable de la inmigración.

¿Cuál es el trasfondo histórico?

Las políticas de inmigración del Reino Unido son especialmente complejas porque se han desarrollado históricamente en respuesta a varios movimientos migratorios motivados por el racismo. La Ley de Extranjería de 1905 surgió en respuesta a las personas judías que huían de los pogromos en Rusia y Europa del Este, mientras que la legislación de los años 60 y 70 se enfocó en aumentar las restricciones para la «nueva» inmigración procedente de la Commonwealth, es decir, para las personas no blancas provenientes de las excolonias británicas.

Desde finales de los años 80, la política migratoria del Reino Unido se ha centrado cada vez más en la restricción de la llamada inmigración «irregular» y en la creación de condiciones más severas para las personas que solicitan asilo. Las políticas racistas de inmigración y asilo iniciadas por los Gobiernos conservadores continuaron bajo el Nuevo Laborismo en los años 90. La Ley de Inmigración y Asilo de 1999 introdujo un sistema de redistribución para el asilo basado en «zonas de acogida» distribuidas a lo largo del Reino Unido y sustituyó las ayudas sociales por un National Asylum Support Service (NASS, Servicio Nacional de Apoyo al Asilo) organizado de forma centralizada. También introdujo el sistema de «no recourse to public funds» (NRPF, «no acceso a los fondos públicos») para las personas con permisos de residencia temporal, lo que llevó a muchos inmigrantes y solicitantes de asilo a la indigencia. Las políticas restrictivas del laborismo continuaron durante la década de los 2000.

¿Cuáles son los principales cambios de los últimos años?

El «ambiente hostil»

Cuando los conservadores regresaron al poder en 2010, la política de migración en el Reino Unido era ya extremadamente restrictiva. Se habían limitado los derechos a viajar al país y a trabajar y residir en el Reino Unido.

El terreno ya estaba preparado para que, en 2012, Theresa May, entonces ministra del Interior, dijera: «Vamos a darles a las personas inmigrantes ilegales una acogida realmente hostil». Esto indicaba su compromiso con el desarrollo del «ambiente hostil», una serie de medidas punitivas contra quienes no «cumplían las reglas».

La Ley de Inmigración de 2014 introdujo normas para evitar los llamados «matrimonios falsos» o «uniones civiles falsas» e impedir el acceso a servicios esenciales. Por ejemplo, se volvió más difícil conseguir vivienda en alquiler porque se impusieron nuevas sanciones a las personas propietarias que alquilaran a quienes no tenían permiso de residencia. También se introdujeron nuevos controles en el Servicio Nacional de Salud y cargos para quienes no tuvieran derecho de acceso. Adicionalmente, se les impidió abrir cuentas bancarias a las «personas descalificadas» y las licencias de conducción podían ser revocadas por motivos migratorios.

La Ley de Inmigración de 2016 incrementó las sanciones por el «trabajo ilegal» e impidió el acceso a viviendas de alquiler, servicios bancarios y licencias de conducción. También les otorgó a las oficinas de inmigración la facultad de autorizar sanciones civiles contra cómplices de cualquier comportamiento considerado ilícito. En el marco del «ambiente hostil», las personas sin derecho a permanecer en el país se volvieron objeto de controles no solo por parte de las autoridades, sino también de la ciudadanía en general.

En el verano de 2013, el Ministerio del Interior inició un proyecto polémico con un nombre en clave: Operation Vaken (Operación Vaken). Consistía en furgonetas que recorrían seis distritos de Londres, anunciando con vallas publicitarias que las personas que permanecieran en el Reino Unido sin autorización corrían el riesgo de ser detenidas. El anuncio incluía un número de contacto para quienes decidieran «volver a casa» en lugar «ser detenidos» y fue objeto de duras críticas por parte de los grupos locales por avivar «tensiones sociales».

Todo lo anterior vino de la mano de políticas de austeridad, con una drástica reducción del gasto público en bienestar social y servicios públicos claves, que puso bajo una presión cada vez mayor a las comunidades vulnerables y a las autoridades locales, a medida que se reducían los presupuestos. En 2016, la campaña del referendo para abandonar la UE se llevó a cabo sobre la base de mensajes racistas y contrarios a la migración, que condujo a una victoria marginal del voto a favor del Brexit.

¿Cuáles son los logros de las campañas progresistas?

La presión de las organizaciones de beneficencia y los y las activistas también ha influido en las políticas del Reino Unido. Su trabajo llevó a la creación del Vulnerable Person Resettlement Programm (VPRS, Programa de Reasentamiento de Personas Vulnerables), destinado a personas refugiadas del Medio Oriente y el norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), en 2014. El programa VPRS fue ampliado en septiembre de 2015 para incluir el reasentamiento de 20 000 de las personas refugiadas sirias «más vulnerables» hasta 2020. En 2016, se puso también en marcha un Vulnerable Children Resettlement Scheme (VCRS, Plan de Reasentamiento para Niños Vulnerables) dirigido a niños y niñas de la región MENA, y se creó el «Programa Dubs» después de una campaña ininterrumpida de la sociedad civil por el reasentamiento de niños y niñas refugiados no acompañados provenientes de otros países miembros de la UE.

Sin embargo, se ha criticado mucho la falta de compromiso del Gobierno con estos programas. La política del Reino Unido sigue siendo notoriamente hostil, en especial con las personas que llegan por rutas no autorizadas. En 2020, hubo una oleada de muertes en el canal de la Mancha, con personas que huían en lanchas neumáticas poco seguras después de que Francia intensificara los controles. Como consecuencia, a las personas que conducían las embarcaciones se las acusó de tráfico de personas.

Sin embargo, las personas recién llegadas y las que llegan por rutas no autorizadas no son las únicas que han sufrido los efectos del ambiente hostil del Reino Unido. En marzo de 2020, se publicó una investigación sobre el «escándalo Windrush», que documentaba cómo cientos de ciudadanos y ciudadanas de la Commonwealth fueron detenidos, deportados y privados de sus derechos injustamente, debido a una política de inmigración «profundamente defectuosa y discriminatoria». Este ejemplo sugiere que las políticas hostiles y racistas del Reino Unido están históricamente arraigadas.