Moving Cities
Sobre la ciudad

Utrecht

Una combinación de innovación local y trabajo estratégico de presión política

Puntos clave

  • 1

    Todas las políticas migratorias de la ciudad tratan de facilitar un comienzo temprano y prometedor para las personas refugiadas. Además, las medidas se adaptan a sus necesidades y ambiciones individuales.

  • 2

    Con su proyecto «Plan Einstein», Utrecht desarrolló un enfoque totalmente nuevo para la acogida de personas refugiadas, basado en centros de asilo adaptados al contexto. Estos centros son más inclusivos y ofrecen a las personas migrantes y a las demás personas residentes en el barrio espacios colectivos y actividades basadas en la igualdad y los intereses compartidos.

  • 3

    Utrecht combina con éxito la innovación local en materia de medidas de inclusión para las personas migrantes en situación irregular con la labor de presión política estratégica a nivel nacional. De esta manera, la ciudad amplifica su impacto en la política migratoria más allá del ámbito municipal.

¿Qué tiene de particular la ciudad?

Una larga colaboración con la sociedad civil: Utrecht lleva años a la vanguardia del desarrollo de medidas de inclusión para personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular. Fue la primera ciudad de los Países Bajos en ofrecer apoyo jurídico (además de asistencia social de emergencia) a las personas migrantes en situación irregular y el municipio mantiene desde hace años una larga colaboración con la sociedad civil y las organizaciones solidarias. Los actores locales también han sabido vincular la cuestión de los derechos humanos con debates locales. Lo que diferencia a Utrecht de otros municipios neerlandeses es su enfoque centrado en una política para solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.

¿En qué se centran las políticas migratorias locales?

Reinventar los centros de asilo como centros sociales de barrio: en 2015, el municipio desarrolló su propio enfoque innovador y alternativo para acoger a solicitantes de asilo y personas refugiadas. Para este proyecto, el municipio solicitó financiación de la iniciativa Urban Innovative Actions (UIA) de la UE y recibió un gran reconocimiento en toda Europa. El llamado «Plan Einstein» apuesta por un enfoque adaptado al contexto para crear un nuevo tipo de espacio urbano colectivo que beneficia tanto a las personas refugiadas como a las residentes en el barrio. La creación de un ecosistema compartido destinado a actividades sociales ha demostrado ser un método eficaz para construir y mantener el apoyo de la sociedad local a los centros de asilo.

¿Cuáles son los resultados más destacados?

Resolución de la situación de las personas migrantes «irregulares»: personas estudiosas y expertas han reconocido el enfoque de Utrecht y su tasa de éxito de más del 90 % en la resolución del estatus irregular de aproximadamente 900 personas en los últimos diez años. Entre 2002 y 2019, esto se tradujo en la legalización de la residencia en el 59 % de los casos. Esta tasa de éxito es considerablemente superior a la media nacional, y los asesores políticos de Utrecht la suelen atribuir a la experiencia de las ONG locales.

¿Qué actividades políticas y de promoción se han realizado más allá del ámbito local?

La fuerza del enfoque de promoción de Utrecht radica en el uso estratégico de diferentes formas de promoción y maneras de posicionarse frente al Gobierno central. Las diferentes políticas migratorias de la ciudad emplean un enfoque cuidadosamente desarrollado que se basa principalmente en los derechos humanos y el pragmatismo, y solo en menor medida en principios humanitarios. Los responsables políticos de Utrecht hacen hincapié en que las formas de abordar el asilo y la integración de los refugiados se desarrollan para que se ajusten a diversas agendas políticas. Utrecht también participa en varias redes municipales nacionales e internacionales que trabajan en políticas migratorias progresistas.

Miembro de las siguientes redes

Descargar el informe completo de la ciudad

El informe de la ciudad contiene más información sobre las políticas de migración e inclusión de la ciudad y una selección de los enfoques locales. Informe de 2021, actualizado en 2023.

Descargar el reporte

Contexto político - Países Bajos

Las políticas de asilo e integración para las personas refugiadas de los Países Bajos forman parte de una política migratoria compleja y asentada a varios niveles. Las políticas de inmigración para personas solicitantes de asilo y refugiadas están centralizadas, mientras que las políticas de integración han pasado por diversos cambios: en 2007 se descentralizaron, en 2013 se volvieron a centralizar y a partir de 2022 se prevé que vuelvan a organizarse de forma descentralizada.

El giro restrictivo de la política migratoria y de asilo en los Países Bajos

En 2019, las personas solicitantes de asilo constituyeron casi el 6 % de la inmigración que llegaba a los Países Bajos. A pesar de esta proporción relativamente baja, la difícil situación y los derechos de las personas refugiadas y migrantes «irregulares» han sido objeto de una creciente disputa entre las autoridades nacionales y locales del país. La inmigración, el asilo y la integración son el foco del paso de una política multicultural a una política nacional de migración e integración de carácter restrictivo como resultado del ascenso del populismo de extrema derecha. Este cambio viene acompañado de una retórica contra la inmigración por parte de los grupos políticos de centro y de extrema derecha.

Fuera del país, esta retórica se suele asociar con el Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders, de extrema derecha. Sin embargo, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), de centro, también ha adoptado cada vez más dicha retórica. Según sus campañas electorales, el partido pretende suspender el derecho al asilo y librarse de las obligaciones de la «anticuada» Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Los partidos de la oposición, las organizaciones de personas refugiadas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos subrayan que este giro a la derecha comenzó antes del cambio de siglo: además del endurecimiento de la legislación, se ha restringido la asistencia jurídica gratuita para solicitantes de asilo, se ha vinculado el derecho a recibir prestaciones y servicios sociales a un permiso de residencia válido y se han incrementado las detenciones de inmigrantes.

Políticas de asilo en los Países Bajos: la gobernanza multinivel en situación crítica

Aunque las solicitudes de asilo han disminuido, las personas refugiadas de los centros de acogida de los Países Bajos se enfrentan a largos periodos de incertidumbre y condiciones muy restrictivas debido a la escasez de plazas. Los largos periodos de espera dificultan la integración de las personas refugiadas. Este problema ha estado motivado por la falta de personal en las oficinas de extranjería y por la tensión a la que está sometido el mercado de la vivienda.

La «integración cívica» y las medidas inclusivas para las personas reconocidas como refugiadas

Los Países Bajos fueron de los primeros países en introducir políticas de integración cívica en 1996, que desde entonces han sido objeto de un intenso debate y reformadas en múltiples ocasiones, dando como resultado nuevas leyes o enmiendas en 2007, 2013 y 2020. Según el entorno académico, las políticas de integración de los Países Bajos son especialmente restrictivas, pues las personas refugiadas son responsables de su propia «integración cívica», la cual incluye cursos de idioma y de orientación obligatorios que deben completarse en un plazo de tres años.

La participación municipal en la inclusión: ¿una lucha contra corriente?

Cuando la Ley de Integración de 2013 centralizó la integración cívica, los municipios tenían pocas opciones para apoyar a las personas reconocidas como refugiadas desde el principio. Las personas refugiadas tienen derecho a solicitar un crédito con intereses del Estado para cubrir los costes de los cursos de integración, que se les reintegran siempre y cuando consigan su diploma de integración a tiempo. Sin embargo, deben buscar un curso de idiomas certificado y muchas personas caen víctimas de escuelas fraudulentas. Pasar de vivir en un centro de acogida, donde el acceso al trabajo es restringido y no disponen de mucha capacidad de decisión, a la vida autónoma después del adquirir el estatus de persona refugiada, es extremo. Los actores municipales han criticado cada vez más las deficiencias y las contradicciones de las políticas de integración de los Países Bajos y la falta de un mandato municipal. Tras años de labor municipal de presión política e informes críticos de figuras expertas, el Gobierno neerlandés anunció que evaluaría la política nacional de asilo. En el marco de un proceso consultivo, el Ministerio desarrolló y redactó una nueva Ley de Integración que descentralizará la integración cívica y dotará a los municipios de liderazgo. Aunque su implementación ha sido pospuesta varias veces, actualmente está prevista para el 1 de enero de 2022.

El apoyo a las personas migrantes «irregulares»: cama, baño, pan, ¿y algo más?

Estudios realizados en los Países Bajos muestran que algunas autoridades locales «amortiguan» o se resisten a aplicar las políticas nacionales que afectan a las personas migrantes «irregulares» y a aquellas a quienes les han rechazado la solicitud de asilo. Después de años de enfrentamientos entre las ciudades neerlandesas y el Gobierno central, el Ministerio de Justicia y Seguridad llegó a un acuerdo con la Asociación de Municipios de los Países Bajos (VNG, por sus siglas en neerlandés) acerca del desarrollo de los centros nacionales de inmigración (LVV, por sus siglas en neerlandés) en 2018. El Ministerio, las agencias de inmigración y repatriación, la VNG y las municipalidades de Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven y Groningen están trabajando juntas en el desarrollo de los LVV. El acuerdo ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre las ciudades y el Gobierno central en el tema del apoyo a migrantes «irregulares». No obstante, hay informes que indican que los municipios involucrados en el programa piloto y el Gobierno central siguen teniendo puntos de vista y expectativas distintas frente a los resultados. Por lo tanto, es probable que las tensiones y los conflictos continúen en el futuro.